La medicina de los aranceles se vuelve contra EE.UU

   Europa, Canadá e India plantan cara a Trump y le responden con su misma medicina. La economía de los Estados Unidos empieza a resentirse. Las demoras arancelarias y regulatorias de la Unión Europea en la aprobación de cultivos genéticamente modificados (OGM) limitan las exportaciones agrícolas estadounidenses. 

   El sistema de gestión de la oferta de Canadá impone aranceles elevados a los productos lácteos estadounidenses, lo que restringe el acceso al mercado para los agricultores estadounidenses. India sigue manteniendo elevados aranceles de importación sobre una variedad de productos, incluidos dispositivos médicos, productos agrícolas y automóviles, lo que genera preocupaciones sobre la equidad del mercado. Estas medidas ‘antiTrump’ afectan a una amplia gama de exportaciones estadounidenses, según reconoce el Informe de Estimación Nacional de Comercio (NTE) sobre Barreras al Comercio Exterior para 2025, publicado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que destaca los altos aranceles y las cuotas restrictivas impuestas por los socios comerciales de Estados Unidos. 

   El informe proporciona evaluaciones detalladas país por país de las barreras comerciales que obstaculizan las exportaciones y la inversión estadounidenses. Los obstáculos técnicos al comercio (OTC) siguen siendo un desafío para los exportadores estadounidenses, y el informe destaca aspectos clave:

-          -Las nuevas normas de sostenibilidad y reciclaje de envases de plástico de la Unión Europea introducen desafíos de cumplimiento que pueden crear desventajas injustas para los exportadores estadounidenses.

-      -Las normas de ciberseguridad y localización de datos de China exigen que las empresas extranjeras almacenen datos dentro de China, lo que aumenta los costos operativos para las empresas tecnológicas estadounidenses.

-       -Las regulaciones de etiquetado de alimentos de Japón afectan desproporcionadamente a las exportaciones agrícolas de Estados Unidos, lo que genera mayores costos de cumplimiento.

-     -El Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono (CBAM) podría afectar injustamente a los exportadores estadounidenses al imponer costos adicionales relacionados con las emisiones de carbono.

-       -Los aranceles a los productos lácteos de Canadá y el sistema de gestión de la oferta siguen restringiendo las exportaciones de productos lácteos estadounidenses. Las políticas discriminatorias de venta minorista de bebidas alcohólicas en algunas provincias perjudican a los exportadores estadounidenses de bebidas alcohólicas.

- -Los elevados aranceles sobre productos electrónicos, automóviles y productos agrícolas dificultan el acceso al mercado hindú para las empresas estadounidenses.

-     -Las restricciones a los flujos de datos transfronterizos afectan a las empresas tecnológicas y de servicios financieros de Estados Unidos.

-       El Código de Negociación de Medios Informativos plantea preocupaciones sobre las restricciones al comercio digital. Las políticas de precios de productos farmacéuticos y las normas de propiedad intelectual pueden limitar el acceso al mercado australiano para los fabricantes de medicamentos estadounidenses.

      El Informe NTE 2025 sirve de base para la política comercial estadounidense y respalda las futuras estrategias arancelarias recíprocas de la administración Trump. La administración ha mostrado una postura más firme contra las prácticas comerciales desleales, centrándose especialmente en represalias arancelarias contra países que imponen derechos más altos a los productos estadounidenses, negociar acuerdos comerciales para garantizar un mejor acceso al mercado para las empresas estadounidenses y apuntar a las barreras comerciales digitales que obstaculizan a las empresas tecnológicas estadounidenses.

   El informe juega un papel crucial a la hora de identificar áreas de políticas en las que Estados Unidos podría tomar medidas de represalia para proteger a las industrias nacionales. Los hallazgos de este informe probablemente influirán en futuras negociaciones comerciales, políticas arancelarias y acciones de cumplimiento a medida que Estados Unidos busca crear un entorno comercial global más equilibrado y justo, según sus autores.

Los aranceles de la UE tienen tasas  de hasta el 26%

 Aunque los aranceles de la UE son generalmente bajos para los productos no agrícolas, algunos aranceles de la UE son elevados, como tasas de hasta el 26% para el pescado y el marisco, el 22 % para los camiones, el 14 % para las bicicletas, el 10 % para los vehículos de pasajeros y el 6,5 % para los fertilizantes y los plásticos.

   Muchos productos alimenticios procesados, como productos de confitería, productos horneados y preparaciones alimenticias diversas, están sujetos a un sistema especial de códigos arancelarios en la UE. Bajo este sistema, a menudo denominado tabla "Meursing", la UE aplica un arancel a cada producto importado en función de su contenido de proteína láctea, grasa láctea, almidón y azúcar. Como resultado, productos que Estados Unidos y otros países podrían considerar equivalentes a efectos de clasificación arancelaria a veces reciben diferentes tipos arancelarios en la UE, dependiendo de la composición particular de cada producto. La dificultad para calcular los derechos de Meursing impone una carga administrativa innecesaria y genera incertidumbre para los exportadores, especialmente para aquellos que buscan enviar nuevos productos a la UE.

Las fundaciones responden al cierre de USAID por Trump

    Las ONG,s afectadas por el cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por decisión directa de Trump, empiezan a recibir ayudas de fundaciones solidarias. Los fondos de emergencia por dos millones de dólares son canalizados por Borealis Philanthropy, una entidad que otorga subvenciones para la justicia social, entre cuyos contribuyentes se incluyen las fundaciones Ford, Freedom Together y MacArthur, entre otras. Borealis Philanthropy anunció que pronto lanzará la iniciativa Seguridad, Acción y Libertad para Todos (SAFE), que otorga subvenciones de respuesta rápida de entre 5.000 y 50.000 dólares para recursos legales, ciberdefensa y mejoras en la seguridad digital y física, informa The Chronicle of Philanthropy.

James Kunder, ex administrador adjunto de USAID, habla en una manifestación en apoyo de los empleados de la agencia que fueron despedidos o puestos en licencia por Elon Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

 Las fundaciones despiertan del letargo

 La respuesta filantrópica a la decisión del gobierno federal de cortar la financiación a las organizaciones sin fines de lucro ha sido lenta en comparación con otras crisis recientes, como la pandemia y el ajuste de cuentas racial que siguió al asesinato de George Floyd en 2020, reconoce Sade Dozan, vicepresidente de desarrollo de Borealis Philanthropy.

   Sin embargo, ha habido excepciones, como California Endowment, Freedom Together Foundation (anteriormente JPB Foundation) y la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur, que han anunciado aumentos anuales en sus pagos en respuesta a cambios en las políticas federales. Tres semanas después de la investidura de Trump, la Fundación Boston creó una ronda especial de subvenciones de "red de seguridad" de entre 25.000 y 75.000 dólares, utilizando dos millones de dólares de su dotación. Los donantes con fondos gestionados por la fundación, respondieron rápidamente, aumentando el total del fondo a tres millones de dólares, según Lee Pelton, presidente de la Fundación Boston.

Aviso para ecologistas: sin minerales críticos no hay tecnologías limpias

   Los grupos antiextractivistas se han dado cuenta de que la transición energética verde requiere la extracción de minerales críticos. La ironía es evidente: quienes se oponen a los proyectos mineros en Europa lo hacen en nombre de la protección del medio ambiente. Sin embargo, sus acciones socavan inadvertidamente la misma transición climática que pretenden apoyar. Esta es la conclusión de un grupo de investigadores del Instituto de Metales y Minerales Sostenibles de la universidad Ku Leuven de Bélgica, con experiencia en minería, autores de La paradoja de los minerales críticos de Europa en el orden mundial posoccidental.

 Lo que no parecen comprender es que incluso en una sociedad poscapitalista y posconsumista puramente hipotética, seguiría existiendo una necesidad sustancial de extraer "nuevos" minerales y metales críticos, como el litio y las tierras raras, para permitir la energía verde (pública y compartida) y la movilidad. Sin minerales críticos no hay tecnologías limpias, y sin tecnologías limpias no hay transición climática,  concluyen estos investigadores.

   La Ley de Materias Primas Críticas de la Comisión Europea y el proceso simplificado de permisos para Proyectos Estratégicos –siete en España, anunciados por la Comisión Europea- han intensificado aún más la resistencia a los proyectos mineros y al extractivismo. Esto se aplica en particular a los proyectos de litio en zonas tradicionalmente agrícolas y de conservación natural, como el valle de Jadar en Serbia y la región de Mina do Barroso en Portugal.

   La polarización política en torno al cambio climático agrava el problema. La extrema derecha niega el cambio climático y se opone rotundamente a la transición a las energías verdes. Paradójicamente, y sin darse cuenta, ahora encuentra puntos en común con los ambientalistas radicales. Esto está dando lugar a alianzas antimineras antinaturales que unen a grupos radicales verdes y de extrema izquierda con movimientos nacionalistas, de extrema derecha, antiliberales y antieuropeos, denuncian los investigadores. Esto es particularmente evidente en la oposición unida al proyecto de mina subterránea de litio de Rio Tinto en Serbia, donde la teoría de la herradura parece cobrar vida.

   Las paradojas de la transición energética verde subrayan la necesidad de un debate social inclusivo y participativo sobre el desarrollo de las comunidades ubicadas en zonas donde se encuentran los minerales necesarios para la transición energética. Es fundamental colaborar con todas las partes interesadas, buscando mejores contratos sociales y modelos económicos que catalicen los beneficios de la minería y generen prosperidad local y regional duradera, en lugar de recurrir a una oposición abierta a la minería.

  Hay que tener en cuenta que esta continúa oposición a nuevos proyectos mineros en Europa, en particular a las minas de litio, no solo obstaculiza la transición climática europea; es un error estratégico que beneficia directamente a los adversarios geopolíticos de Europa. Sin duda, la Rusia de Putin y la China de Xi observan con asombro cómo Europa tropieza con sus propios pies. Mientras debatimos y postergamos, China consolida aún más su control sobre las cadenas de suministro globales que van desde la minería hasta las tecnologías limpias, mientras que el expansionismo de Putin tiene poco interés en apoyar la transición energética, dado el interés de Rusia en prolongar la era de los combustibles fósiles.

   Debemos reconocer que las prácticas mineras responsables y la gestión ambiental pueden coexistir e incluso impulsar el desarrollo local. Al invertir en la minería y el refinado respetuosos con los criterios ESG de nuestros propios minerales críticos, junto con la gestión de la demanda, iniciativas de reciclaje y acuerdos sobre minerales críticos con países afines, podemos reducir nuestra dependencia de naciones adversarias y dar un paso decisivo hacia un futuro sostenible y seguro.

Malas prácticas ambientales en proyectos españoles

   Amigas de la Tierra,Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife denuncian que en los siete proyectos seleccionados por la Comisión Europea de España se hayan escogido minas con un amplio historial de irregularidades y malas prácticas ambientales, como son las de Las Cruces (Sevilla), La Parrilla (Cáceres) y Aguablanca (Badajoz), y proyectos con amplia contestación social por sus previsibles impactos en espacios protegidos como los de Las Navas (Cáceres), Doade (Ourense) y El Moto (Ciudad Real). Recuerdan que la mina de La Parrilla fue sancionada y cerrada en 2022 por carecer de autorización ambiental y por construir ilegalmente balsas de residuos mineros, mientras que la Mina de Las Cruces acumula más de 6.5 millones de euros en sanciones e indemnizaciones por extracciones ilegales de aguas del acuífero de Gerena y Guillena-Cantillana, masas de agua consideradas como reserva estratégica de emergencia para el consumo humano de Sevilla en caso de escasez. En el caso de la mina de Aguablanca, Denarius está liderada por empresarios con un amplio historial de vulneraciones de derechos humanos en sus explotaciones de oro y petróleo en Colombia.

España, el país que ha presentado más proyectos de extracción

  Resulta asimismo preocupante que de los siete proyectos seleccionados, sólo uno sea de reciclaje de minerales y ninguno de substitución. De hecho, España ha sido el país europeo en el que se han presentado más proyectos de extracción (diez), contrastando con países como Italia, Francia o Alemania, en los que la mayoría de los proyectos presentados han sido de substitución, reciclaje o procesado. Esto confirma el papel de “zona de sacrificio” atribuido a la península ibérica. “Europa y España están apostando por la minería sin antes fomentar realmente el reciclaje ni reducir la demanda de minerales” ha lamentado Adriana Espinosa, responsable de recursos naturales de Amigas de la Tierra. “Hemos calculado que aplicando medidas de ahorro y circularidad, los metales reciclados podrían cubrir el 67% de la demanda de minerales hasta 2050”, concluye.

   También señalan Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife la opacidad del Gobierno de España y la Comisión Europea durante el proceso de selección, así como la exclusión de las poblaciones potencialmente afectadas. Esta falta de transparencia arroja incertidumbre sobre los criterios aplicados para otorgar a determinados proyectos una calificación que les otorgará privilegios económicos y administrativos, tales como la tramitación acelerada de concesión de autorizaciones. Para las organizaciones, esta falta de transparencia supone una vulneración del Convenio de Aarhus sobre información, participación y justicia ambiental, del que España es parte.

   En diciembre pasado, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, el Observatorio Ibérico de la Minería y otras entidades europeas pusieron en conocimiento del Gobierno español y la Comisión Europea un análisis de estos impactos, que son inherentes a la actividad extractiva. “A pesar de las advertencias reiteradas, se ha atribuido la consideración de estratégicos a proyectos cuyos impactos previos y potenciales son evidentes, e incluso han sido objeto de sanciones y procesos judiciales”, explica Cristóbal López, responsable del área de minería de Ecologistas en Acción. Las organizaciones lamentan además que el Gobierno no haya utilizado su capacidad de veto para excluir proyectos que nunca tendrían que haber estado sobre la mesa con esos antecedentes.

 

 

La quiebra de 23andMe, que vende test genéticos, acelera la venta de sus activos

    23andMe ha iniciado un procedimiento voluntario de quiebra en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para facilitar un proceso de venta que maximice el valor de su negocio. La compañía, especializada en la venta de test genéticos, tiene la intención de continuar operando con normalidad durante todo el proceso de venta. No se han producido cambios en la forma en la que almacena, gestiona y protege los datos de sus clientes, señala en un comunicado.

  Si el Tribunal lo aprueba, 23andMe con la asistencia de un banquero de inversión independiente, solicitará activamente ofertas cualificadas durante un proceso de 45 días. Si se presentan varias ofertas cualificadas durante el proceso de venta supervisado por el Tribunal, la compañía planea realizar una subasta para maximizar el valor de sus activos. Todo comprador deberá cumplir con la legislación aplicable en materia de tratamiento de datos de clientes y cualquier transacción estará sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales, incluyendo, según corresponda, las aprobaciones bajo la Ley Hart-Scott-Rodino y el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos.

  La empresa ha presentado las mociones habituales ante el Tribunal solicitando diversas medidas de alivio desde el primer día, incluyendo la autorización para pagar los salarios y beneficios de los empleados y compensar a ciertos proveedores de forma anticipada. 23andMe también ha presentado una moción ante el Tribunal solicitando la aprobación para rechazar numerosos contratos, incluyendo los arrendamientos de inmuebles en Sunnyvale y San Francisco, con el fin de reducir sus gastos operativos. La empresa ha recibido un compromiso de financiación de deudor en posesión de hasta 35 millones de dólares de JMB Capital Partners. Tras la aprobación judicial, se espera que la liquidez adicional de la financiación, combinada con el efectivo generado por las operaciones en curso de la empresa, respalde el negocio durante estos procedimientos.

Acuerdo con Almirall contra el lupus y la enfermedad de Crohn

   En 2020, la compañía norteamericana usó los datos de sus casi 10 millones de usuarios para crear y licenciar su primer medicamento a una empresa española. En enero de dicho año firmó un acuerdo con Almirall, especializada en dermatología médica, para la licencia del anticuerpo monoclonal biespecífico de 23andMe, que la empleará contra el lupus y la enfermedad de Crohn. Almirall se aseguró los derechos para desarrollar y comercializar el anticuerpo para su uso mundial. “La asociación con 23andMe, líder en genética y biotecnología, nos brinda una oportunidad única de abordar las necesidades médicas no satisfechas en inmunodermatología”, señaló Bhushan Hardas, director científico de Almirall, tras la firma del acuerdo. “Al trabajar con Almirall, nos complace impulsar la misión de 23andMe de ayudar a las personas a beneficiarse del conocimiento genético. Como líder en dermatología médica, consideramos que Almirall era la mejor compañía para impulsar este programa y, en última instancia, desarrollar una terapia eficaz para los pacientes”, manifestó  entonces Kenneth Hillan, director del área terapéutica de 23andMe.

Los kits de ADN pueden poner en riesgo la privacidad 

Hace unos años no era común realizar test genéticos en el domicilio. Los  hisopos de la mejilla, las huellas digitales y la secuencia de ADN se guardaban para investigadores criminales o científicos en el laboratorio. Ahora, todo lo que se necesita es un kit en el que se deja una muestra de saliva, y a  las pocas semanas las personas pueden acceder a su historial genético. La mayoría de los ciudadanos ignoran que los kits de ADN pueden poner en riesgo la privacidad de las personas. Cuando un usuario  envía una muestra de saliva, no solo regala “lo más valioso que posee”, (su privacidad) sino que también se arriesga a recibir falsos positivos. Más de 26 millones de personas comparten su información con bases de datos de ADN.  Para conocer sus razones desde Yourdna encuestaron a más de 1.000 personas sobre sus experiencias con las pruebas de ascendencia y salud genética del ADN en el hogar. 

Una muestra rápida de saliva puede revelar información vital sobre su salud, incluidas sus posibilidades de desarrollar una enfermedad hereditaria y mutaciones que pueden afectar a futuros niños. Pero de todas las respuestas dadas por los encuestados que se hacen pruebas genéticas, la curiosidad fue  la más repetida por el 60%. Un 40% también informó haberla realizado para conocer su riesgo genético de enfermedades. Compartir los resultados de una prueba de ADN es motivo de celebración cuando los resultados son negativos (lo que significa que no se encontró un marcador genético que se sabe que causa la enfermedad), pero una prueba positiva puede ser un poco más complicada. Las enfermedades crónicas cambian las relaciones de pareja.

   Los genetistas señalan que un resultado positivo de la prueba no significa una probabilidad del 100% de que se desarrolle una infección. Tanto el estilo de vida como la genética juegan un papel en el desarrollo de la enfermedad, por lo que conocer sus riesgos puede ayudar a realizar cambios. Según esta encuesta, el 46% de las personas que se sometieron a una prueba de salud genética realizaron cambios en el estilo de vida después de revisar sus resultados. Sin embargo, la información compartida no es el único riesgo asociado con los test de ADN. Los falsos positivos son relativamente comunes y pueden llevar a las personas a realizar cambios drásticos e innecesarios. Las historias dramáticas de mujeres que se someten a mastectomías preventivas después de dar un falso positivo para la mutación del gen BRCA ha motivado, en ocasiones, a los usuarios y a los profesionales de la salud desconfiados de las pruebas de ADN.

La UE garantiza un suministro estable de materias primas críticas para la competitividad industrial

    Un nuevo mecanismo financiado por la Unión Europea mejorará las colaboraciones mundiales en materias primas y el acceso a proyectos de materias primas críticas. La Comisión Europea ha seleccionado a EIT Raw Materials e InnoEnergy para codirigir un proyecto innovador diseñado para fortalecer las cadenas de suministro europeas, reducir las dependencias y mitigar los riesgos de disrupción: el Critical Raw Materials (CRM) Facility, coordinado por EIT Raw Materials, tiene como objetivo construir un suministro europeo resiliente y sostenible de materias primas críticas como el litio, el cobalto, el níquel y el manganeso mediante el fortalecimiento de las alianzas globales y el impulso de proyectos internacionales para diversificar el suministro de materias primas en Europa. 

La autonomía estratégica de Europa en materias primas

   “Garantizar un suministro estable de materias primas críticas no solo es vital para la competitividad industrial de Europa, sino también esencial para su seguridad. De cara a 2030, debemos convertir la ambición en acción. El Mecanismo CRM demuestra el compromiso de Europa para afrontar este reto, pero la resiliencia de las cadenas de suministro solo se logra mediante sólidas alianzas globales”, señala Bernd Schäfer, CEO y director general de EIT RawMaterials. Bajo su liderazgo en la Alianza Europea de Materias Primas, EIT RawMaterials se compromete a impulsar las alianzas, inversiones e innovaciones que fortalecerán la autonomía estratégica de Europa y su liderazgo global en el sector de las materias primas.

   Un equipo conjunto de EIT RawMaterials, la red de conocimiento e innovación en materias primas más grande y activa del mundo, e InnoEnergy, la principal firma de capital riesgo e inversora europea en tecnologías limpias, identificará y evaluará proyectos de CRM de países socios en África, América Latina, Asia central y sudoriental, Europa sudoriental y Groenlandia para evaluar su valor estratégico para Europa y sus industrias y las oportunidades de asociaciones de beneficio mutuo entre los proyectos, las comunidades anfitrionas y la industria europea.

                   Beneficios para los fabricantes de celdas de batería

   “Una cadena de valor es tan fuerte como su eslabón más débil. En el caso de las baterías, asegurar materias primas sostenibles es fundamental para el éxito y la estabilidad de una industria europea en rápido desarrollo”, reconoce Baptiste Buet, director de la Unidad de Negocio de la UE en EIT InnoEnergy. Si bien el desarrollo de la minería, el refinado y el reciclaje a nivel nacional en la UE es crucial, el Mecanismo CRM demuestra que Europa se toma en serio la protección del acceso a los recursos globales para los fabricantes de celdas de batería. InnoEnergy aprovechará su trayectoria como el inversor más activo en tecnologías limpias en fase inicial y movilizará el ecosistema industrial que ha estado construyendo a través de la Alianza Europea de Baterías para garantizar la creación de alianzas significativas a través del Mecanismo CRM.

   El mandato del Mecanismo CRM busca unir a la industria europea con sus socios para impulsar el desarrollo de las cadenas de valor de minerales, desde la fase intermedia hasta la fase final, en los países socios. Además, el Mecanismo desarrollará e impartirá programas especializados de formación y desarrollo de habilidades para dotar a los profesionales de la experiencia necesaria en gestión, operaciones y prácticas sostenibles de CRM.

 

Ucrania ha recibido menos de la mitad de los fondos aprobados por el Congreso de los Estados Unidos

   Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 hasta diciembre de 2024, Estados Unidos asignó 182.800 millones de dólares (168.564 millones de euros) en fondos de emergencia para la región. Sin embargo, "asignado" significa que el dinero está disponible, no que se haya gastado. Hasta la fecha, Estados Unidos ha desembolsado 83.400 millones de dólares (76.919 millones de euros), menos de la mitad de lo aprobado por el Congreso de los Estados Unidos en fondos y equipos, parte de los cuales Ucrania tendrá que reembolsar con intereses adicionales. Así lo documenta USA FACTS, la plataforma que verifica los datos en Estados Unidos contra las fake news, fundada por Steve Ballmer, ex director ejecutivo de Microsoft.

         (Protestas de ucranianos ante la embajada rusa en Madrid) 

   La ayuda a Ucrania se realiza a través de una operación interinstitucional denominada Operación Resolución Atlántica (OAR), que comenzó tras la invasión rusa de Crimea en 2014 para disuadir la agresión rusa contra la OTAN. Cuando Rusia invadió Ucrania, la operación cambió su enfoque para atender las necesidades de Ucrania y otros socios.

   Del total aprobado para Ucrania casi 40.000 millones de  dólares (36.886 millones de euros) corresponden a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) prácticamente disuelta por la Administración Trump. El pasado 10 de marzo, Marcos Rubio, Secretario de Estado, confirmó que Estados Unidos estaba cerrando oficialmente el 83% de los programas de USAID. Esta cancelación ha afectado de manera directa a Ucrania en ayudas sanitarias, de alimentación y para necesidades vitales que no llegan a la población. USAID ha rescindido recientemente un acuerdo de subvención con el Fondo de Apoyo a la Energía de Ucrania, por un importe de 75 millones de dólares.

   De la ayuda de emergencia para Ucrania desde 2022, el Congreso de los Estados Unidos ha asignado: 68% (124.000 millones de dólares) al Departamento de Defensa (DOD), 22% (40.000 millones de dólares) a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 6% (11.500 millones de dólares) al Departamento de Estado y 4% (7.300 millones de dólares) a otras agencias, incluidas la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos , el Tesoro y el Departamento de Energía.

   Estas agencias destinan parte o la totalidad de esos fondos mediante la adjudicación de contratos a beneficiarios en Ucrania y la región. Estos fondos se pagan a plazos y pueden vencer; cuando el Congreso asigna los fondos, puede optar por especificar un plazo. De los 182.800 millones de dólares asignados desde la invasión, se han comprometido 140.500 millones, se han gastado 83.400 millones y 2.700 millones han expirado y no se pagarán.

   La asistencia en seguridad representa el 71% de todas las asignaciones ucranianas desde 2022, con un total de 130.700 millones de dólares. Es administrada por el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado y apoya directamente las iniciativas militares, proporcionando arsenales de armas y equipos, apoyando la presencia militar estadounidense en Europa y entrenando a las tropas ucranianas. El presidente tiene la autoridad de enviar armas y equipo militar de las existencias del Departamento de Defensa a ejércitos extranjeros usando la Autoridad Presidencial de Reducción; desde la invasión, el presidente (entonces era Joe Biden) ha recurrido a esta autoridad 55 veces para enviar a Ucrania 45.800 millones de dólares en equipo, más de una cuarta parte del total de la ayuda.

   En mayo de 2022, el presidente Biden firmó la Ley de Préstamo y Arriendo para la Defensa de la Democracia en Ucrania, que autoriza al ejército estadounidense a proporcionar equipo en préstamo a Ucrania y a otros países de Europa del Este. La ley exige el reembolso, pero aplaza los pagos de Ucrania indefinidamente: no están obligados a comenzar a pagar de inmediato, pero deberán hacerlo en algún momento, con intereses. Se trata de una estrategia de ayuda bastante común: la Ley de Préstamo y Arriendo apoyó al Reino Unido, la Unión Soviética, Francia, China y otros aliados durante la Segunda Guerra Mundial, proporcionándoles equipamiento militar pero suspendiendo los pagos durante el conflicto.

  La controversia de si los Estados Unidos aportan más que Europa a Ucrania está abierta. Según informa el Instituto de Economía Mundial de Kiel, el volumen financiero de las ayudas provenientes de Europa ya ha superado el de las ayudas de Estados Unidos. En total, los Estados de la UE, junto con Islandia, Noruega, Suiza y el Reino Unido, han proporcionado 70.000 millones de euros en ayuda financiera y humanitaria, además de 62.000 millones de euros en ayuda militar. En comparación, Estados Unidos ha otorgado aproximadamente 64.000 millones de euros en ayuda militar y 50.000 millones de euros en ayuda financiera y humanitaria.

   “La decisión de Trump de congelar la ayuda militar a Ucrania, incluida la que ya se encuentra en depósitos de tránsito en Polonia, supone un duro golpe a la capacidad de Ucrania de resistir la agresión rusa. Por mucho que se jacten los políticos europeos, hoy sus países no están en condiciones de proporcionar cantidades y calidad adecuadas de armas a Ucrania”, escribe Sergey Aleksashenko, viceministro de Economía y vicegobernador del Banco Central de la Federación Rusa con Boris Yeltsin, según información recogida en este blog. Pero, además, ayer mismo se vivió la división en la Unión Europea, al aparcarse el 'plan Kallas' de 40.000 millones de euros en ayuda militar para Ucrania por los recelos de España, Francia e Italia.

   Si se calcula en función del PIB de cada país, Estados Unidos., Alemania y el Reino Unido han destinado menos del 0,2% de su producto interno bruto a la ayuda a Ucrania. En países como Francia, Italia y España, la cifra es de aproximadamente el 0,1%.

Fichan al ex presidente de Berkeley Minera como consejero y socio de la explotación de wolframio de Ciudad Real

    El presidente de Berkeley Minera España, Francisco De Paula Bellon, se incorpora como consejero y socio de Abenójar Tungsten SL que pretende extraer 3.000 toneladas anuales de wolframio o tungsteno en Ciudad Real, un 20% de lo que consume la Unión Europea. En los últimos 12 años, Abenójar Tungsten SL ha invertido casi 15 millones de euros de fondos propios en el desarrollo de El Moto, la mina ubicada en Abenójar, al suroeste de Ciudad Real, dentro de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

                                (Fotografía de D.Arranz en ABC del 2017)

  Los permisos para la explotación del yacimiento de uranio de Berkeley Minera en Salamanca fueron denegados por el organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica lo que provocó la dimisión de Francisco De Paula Bellon como director general pero se mantuvo como alto ejecutivo de la compañía. La matriz Berkeley Energía Limited litiga contra el Gobierno de España exigiendo 1.000 millones de dólares en compensaciones. Francisco De Paula Bellon fue uno de los altos ejecutivos de Berkeley Energia Limited premiado con un millón de dólares en 'stock options'. Además de los negocios mineros, De Paula Bellon explota alojamientos turísticos.

   El wolframio o tungsteno está actualmente clasificado por la Comisión Europea como  materia prima crítica y estratégica en industrias como la aeroespacial, la energética, la manufacturera y el transporte. Al igual que otros minerales es  muy solicitado para baterías en coches eléctricos y también es clave, entre otras aplicaciones, en la robótica y la energía solar fotovoltaica. 

Se requiere una financiación de 140 millones de euros

   El proyecto El Moto está en su fase crítica, según reconocen sus promotores, ya que requiere una financiación de 140 millones de euros para las construcciones mineras subterráneas. Aunque cuenta con el apoyo de la Unión Europea para que salga adelante depende en gran medida del fuerte apoyo, vía subvenciones, tanto de las instituciones nacionales como de las  europeas. "Unos 100 millones de euros se están negociando con instituciones como el Banco Europeo de Inversiones y los otros 40 los van a poner los socios de la empresas", según explica a ABC Gonzalo García, CEO de Abenójar Tungsten SL.

   Europa depende en gran medida de las importaciones de wolframio tungsteno, ya que China controla más del 80% del suministro mundial y fija los precios. Esta fuerte dependencia  supone un riesgo significativo para la cadena de suministro europea, especialmente a la luz de los controles a la exportación de tungsteno anunciados recientemente por China. La necesidad de que Europa garantice un suministro interno fiable y sostenible de este recurso vital es cada vez más urgente, subraya EIT RawMaterials, una comunidad de innovación dentro del EIT (Instituto Europeo de Innovación y Tecnología) que apoya el proyecto y cuenta con el apoyo de la Unión Europea.