España no está entre los 16 países que acuerdan controles sobre el software espía comercial

    Un total de 16 países, entre los que no se encuentra España, han acordado ejercer controles sobre el software espía comercial. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, fue interpelado en el Congreso sobre el uso del software espía Pegasus por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para espiar a figuras políticas.  

   Esta herramienta tecnológica ha sido utilizada indebidamente en todo el mundo tanto por regímenes autoritarios como democracias. Su uso ilegal presenta riesgos significativos y crecientes para la seguridad nacional y los sistemas de información gubernamentales.

    Vigilar la intrusión no autorizada en sistemas de información

   Estos 16 países, liderados por Estados Unidos que es el impulsor de la iniciativa, se asocian para contrarrestar el uso indebido de software espía comercial y se comprometen a trabajar dentro de sus respectivos sistemas para establecer barreras y procedimientos sólidos para garantizar que cualquier uso comercial de software espía por parte de los gobiernos sea consistente con el respeto de los derechos humanos universales, el estado de derecho y los derechos y libertades civiles. También acuerdan impedir la exportación de software, tecnología y equipos a usuarios finales que probablemente los utilicen para actividades cibernéticas maliciosas, incluida la intrusión no autorizada en sistemas de información.

Con esta declaración confían en trabajar colectivamente por primera vez para desalentar el uso indebido de software espía comercial y alentar el desarrollo y la implementación de principios de uso responsable que sean consistentes con el respeto de los derechos humanos universales, el estado de derecho, y derechos y libertades civiles.

Los gobiernos de Estados Unidos, Australia, Canadá, Costa Rica, Dinamarca, Francia, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Suiza, y el Reino Unido fueron los primeros en reconocer la amenaza que plantea el uso indebido de software espía comercial y la necesidad de estrictas medidas internas y controles internacionales sobre la proliferación y el uso de dicha tecnología. A estos países se sumaron recientemente Finlandia, Alemania, Irlanda, Japón, Polonia y la República de Corea.