Las condicionalidades sociales para promover el empleo de calidad y la negociación colectiva son esenciales y deben incluirse en toda la financiación pública, las ayudas estatales y las subvenciones. En este marco, se deben prohibir los pagos extraordinarios de dividendos y aumentar la proporción de beneficios que se reinvierte en la empresa y se reparte equitativamente entre los trabajadores. Esta es la petición dirigida en una carta abierta por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) a los de jefes de Estado y de gobierno de la UE, que se reúnen el próximo 12 de febrero.
El movimiento sindical europeo solicita un plan de inversión masivo (especialmente tras el fin del Next Generation EU) y exige a los gobernantes que detengan la agenda de desregulación que socava los derechos laborales y las normas sociales y ambientales. Es inaceptable desmantelar las garantías regulatorias para los trabajadores y la sociedad mientras se afirma que solo se simplifican las cargas administrativas. Proteger a los trabajadores y respetar sus derechos fundamentales no es una carga regulatoria. Es lo que hace de Europa una economía social de mercado eficaz y basada en el diálogo social, denuncia la Confederación Europea de Sindicatos.
En su mensaje la CES señala que un
componente clave para una política industrial eficaz debe ser un enfoque “Hecho
en Europa” que defienda y cree empleos de calidad en Europa. El "Hecho en
Europa" va más allá de la geografía; se trata de nuestros valores. Debe
basarse en la competitividad en altos estándares europeos y en su defensa a
nivel global. Debe ser una garantía de empleos de calidad, salarios justos,
sólidos derechos laborales, negociación colectiva y creación de valor
sostenible en todos los sectores. Cualquier inversión, programa de apoyo o
subvención debe ir acompañada de condiciones sociales claras. Deben
establecerse requisitos mínimos de contenido local, criterios de empleo y
resiliencia en los proyectos financiados por la UE.
El "Hecho en Europa"
también debe garantizar la lucha contra la deslocalización. Debe utilizarse en
toda la economía de la UE: también en los servicios y en todos los sectores de
la economía. Debe ser, además, una garantía de que las empresas paguen la parte
que les corresponde de los impuestos en Europa. La revisión de las normas de
contratación pública también debe garantizar que el dinero público apoye el
empleo de calidad y la negociación colectiva, así como la exclusión de las
empresas implicadas en fraude social, dumping social o evasión y elusión
fiscal. La negociación colectiva es una ventaja competitiva para Europa y un
elemento esencial de la Europa social.
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