Las empresas europeas temen perder mercado en China por las directrices del 14 º Plan Quinquenal

   China pretende alcanzar la autosuficiencia en algunas áreas de su economía, como recoge su 14 º Plan Quinquenal, lo que es motivo de preocupación para las empresas europeas, según desvela el documento European Business in China de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China.  Las empresas europeas no están seguras de hasta qué punto serán capaces de contribuir al crecimiento futuro de China, y algunas temen la salida del mercado. Las 930 recomendaciones constructivas contenidas en este documento de posición ilustran tanto la profundidad de los desafíos a los que se enfrentan las empresas europeas en China como su compromiso con la mejora del entorno empresarial.

   A pesar de las muchas dificultades experimentadas en 2020, debido a la pandemia de COVID-19 y las crecientes tensiones geopolíticas, las empresas europeas en China obtuvieron buenos resultados en general y siguen firmemente comprometidas con el mercado.  “A la Cámara Europea le preocupa que la economía de China siga teniendo un desempeño inferior si se aleja de reformas audaces en favor de un enfoque más insular”, señala Joerg Wuttke, presidente de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China. 

 China quiere reducir su dependencia del resto del mundo  

   El Decimocuarto Plan Quinquenal de China establece un rumbo claro para que el país reduzca su dependencia del resto del mundo, antes de lograr finalmente un alto grado de autosuficiencia. La primera parte de este plan busca evitar la dependencia excesiva de cualquier país, lo que requerirá que China diversifique y fortalezca sus cadenas de suministro. Esta es una vía que otros países han optado por seguir, en gran parte en respuesta a la pandemia de coronavirus que ha puesto de relieve la fragilidad de muchas cadenas de suministro mundiales; en particular para bienes cruciales como dispositivos médicos y productos farmacéuticos.

   Sin embargo, la búsqueda de la autosuficiencia es un riesgo calculado que se está asumiendo sobre la base de la creencia de que China, dentro de la próxima década más o menos, puede alcanzar con éxito un mayor nivel de innovación y fabricación, capacidad que le permitirá liderar las tecnologías que probablemente definirán la economía global del futuro. Al mismo tiempo, China parece dispuesta a reducir aún más el papel que desempeñan actualmente las empresas extranjeras en su economía, particularmente en los sectores de alta tecnología, al mismo tiempo que intenta aumentar la dependencia de su propia economía.

   El tamaño de su economía y el fuerte crecimiento del producto interno bruto (PIB) en relación con la mayoría del resto del mundo parece haberle dado a China la confianza de que puede permitirse el lujo de hacerlo en gran medida sola. Sin embargo, la Cámara Europea cree que si bien los costos potenciales, tanto para China como para las empresas extranjeras, no se sentirán inmediatamente, serán extensos y tendrán un impacto negativo a largo plazo.

Esto se traducirá de entrada en estos perjuicios:

• Una disminución de la inversión extranjera directa (IED) a medida que las empresas internacionales se ven obligadas a abandonar o disuadir de expandirse o incluso de entrar en el mercado chino.

• Una desaceleración de la capacidad de innovación debido a la continua y rápida disminución del talento internacional de las economías desarrolladas.

• Una mala asignación significativa de recursos, ya que el apoyo estatal se desviará cada vez más a múltiples industrias en un intento de replicar la fabricación de bienes que ya están disponibles a nivel mundial.

• Una reducción en el acceso a las tecnologías centrales que China requiere para actualizar sus cadenas de valor.

• Un aumento en los desafíos para que China cumpla su ambicioso objetivo de carbono neutral para 2060, debido a la falta de acceso a tecnologías y soluciones ecológicas innovadoras que las empresas europeas pueden ofrecer.

• Un creciente rechazo internacional contra las políticas comerciales mercantilistas percibidas, lo que lleva a un deterioro de las relaciones comerciales y políticas con otros países.

   En pocas palabras, según la Cámara Europea, la búsqueda de la autosuficiencia va en contra del espíritu de reforma integral y apertura que China comenzó en 1978, y persistir con este objetivo tendrá un impacto directo en el crecimiento del PIB per cápita. Esto se puede ver al observar la trayectoria que podría tomar el crecimiento de China continental desde 2021 hasta 2050, basado en tres escenarios de crecimiento diferentes: una proyección de línea de base, una basada en reformas y una basada en reformas limitadas. Si China implementara reformas integrales para impulsar el crecimiento de la productividad, después de tres décadas alcanzaría un PIB per cápita de aproximadamente 55.876dólares USD, un 65% más que si se siguiera un camino de reformas limitadas.

Preocupación en la Mesa Redonda de los industriales europeos 

   Para la Mesa Redonda de los industriales europeos agrupados en ERT, el informe de la Cámara Europea apunta a señales preocupantes de que China se está volviendo cada vez más hacia adentro, lo que arroja dudas sobre su trayectoria de crecimiento a largo plazo.

   Como parte de un compromiso conjunto para proporcionar igualdad de condiciones entre Europa y China, ERT está totalmente de acuerdo con la Cámara Europea en que “nuestro éxito económico futuro mutuo depende de continuar por el camino de la reforma y la apertura. Formar alianzas internacionales y renovar el compromiso de aumentar la integración en la economía mundial son parte de ese enfoque”. Las empresas europeas lideradas por los miembros de ERT desempeñan un papel clave en la contribución a la capacidad de innovación y las industrias competitivas en China. Es vital que sigan siendo capaces de contribuir plenamente a la economía china mediante una mayor apertura del mercado y un verdadero libre comercio.

   “La relación económica UE-China es de vital importancia para la industria, el empleo y el crecimiento europeos. También es una de las relaciones más complejas y desafiantes, pero debemos intentar que funcione, incluso si eso implica caminar cuesta arriba a corto plazo. Se debe evitar el desacoplamiento y la creación de cadenas de suministro separadas, ya que esto aumentaría los costos para las empresas y los ciudadanos en todo el mundo, además de frenar la innovación y, en última instancia, promover el aislacionismo”, alerta Jacob Wallenberg, presidente del Comité de Acceso al Mercado y Comercio de ERT.

Mensa Cívica exige un cambio en los sistemas de contratación de la restauración colectiva

La Asociación Mensa Cívica, que agrupa a diversos actores de la cadena alimentaria, exige el cambio de los pliegos de condiciones y sistemas de contratación de las entidades públicas y privadas que promueven la alimentación social. La lucha contra la corrupción y  la colusión en la contratación pública son de vital importancia para esta asociación. Aunque no hay datos oficiales, las administraciones públicas destinan entre 2.000 y 3.000 millones de euros a las compras alimentarias en España.

“En la mayor parte de concursos públicos hay una escasa consideración de los criterios sociales y ambientales, tales como la reducción de emisiones, la  producción ecológica, los circuitos cortos, la reducción de residuos, etc. Esto hace muy difícil caminar hacia un modelo alimentario justo, saludable y sostenible”, declara Paola Hernández Olivan, vicepresidenta de Mensa Cívica, organización implicada en la restauración colectiva.

Desde esta asociación entienden la compra pública no sólo como un mero procedimiento, si no como una herramienta para proteger el medioambiente, promover la salud de la ciudadanía, y favorecer el emprendimiento empresarial a nivel socio-económico en escuelas infantiles, colegios, universidades, hospitales, residencias, centros de día, prisiones, etc. “Estos sectores públicos son lugares ideales para facilitar el acceso a dietas saludables y sostenibles. Por ejemplo, a través de un mayor contenido de alimentos de proximidad, temporada y ecológicos, así como más alimentos de origen vegetal que animal y menos desperdicio de alimentos”, explica Paola Hernández.

Un euro gastado en comidas escolares genera seis euros para la comunidad local 

La compra de alimentos tanto sostenibles como saludables es rentable. Desde Mensa Cívica apuntan como experiencias en otros países de Europa (Dinamarca, Eslovaquia, Francia, Italia, República Checa) demuestran que se puede mantener el mismo presupuesto mediante cambios de menú (y/o modificaciones de recetas), la planificación inteligente del menú y adaptar las porciones a los diferentes grupos de edad. Al examinar el rendimiento social de la inversión, como la de East Ayrshire en Escocia, esta asociación concluye que un euro gastado en comidas escolares sostenibles puede generar hasta seis euros para la comunidad local a través del empleo, el medio ambiente y la salud.

“Los principales problemas los vemos a través de los concursos públicos (y los pliegos de prescripciones técnicas y criterios de adjudicación) a los que se presentan diversas empresas o proyectos y, tras una valoración técnica, la administración selecciona una de ellas con la que se firma un contrato público”, subraya la vicepresidenta de esta asociación. Estos problemas han promovido un proceso de transformación de la restauración colectiva que, según  Mensa Cívica, se ha caracterizado por la entrada en el mercado de grandes empresas debido a que el tamaño de lotes solicitado es demasiado grande y esto hace que las pequeñas y medianas empresas no sean efectivas y competitivas a nivel de mercado.

Como en el resto de sectores de la alimentación, el sector de la restauración colectiva y social ha experimentado un rápido proceso de concentración empresarial y actualmente un muy reducido número de empresas controlan el sector.

La adjudicación de contratos a empresas que ofrecen el precio más bajo es todavía una práctica habitual en este sector, denuncia Paola Hernández. Considera que seleccionar a los proveedores del servicio sobre  la base del criterio único del precio, favorece la economía de escala de grandes empresas y provoca efectos perjudiciales en todos los niveles. Se genera un incremento en la competitividad entre las empresas de restauración colectiva que las induce a racionalizar sus costes lo máximo posible. Esta racionalización resulta a veces en detrimento de la calidad de las comidas y de los servicios suministrados, y tiene efectos adversos en los empleos y las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

Se espera una mayor voluntad política

Con la normativa europea de 2014 y la Ley 9/2017, existen ya algunos ejemplos a nivel local y autonómico sobre la necesidad de fomentar el papel social de la contratación pública como motor de crecimiento más justo y, por ello, los contratos pasan a adjudicarse “utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio y utilizando el análisis del ciclo de vida de los productos y servicios”. Pero salvo en contadas ocasiones, en España no se ha explorado el carácter ejemplarizante que pueden adoptar los poderes públicos para impulsar mejoras en el sistema productivo incorporando criterios sociales y ambientales en la contratación. Desde esta asociación todavía esperan una mayor voluntad política para ver cómo las administraciones van aplicando estas medidas.

Mensa Cívica realiza un control de los contratos en los que tienen socios. De hecho, en 2019 denunció ante el TACPA (Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón) prácticas que consideró cuanto menos opacas, en la tramitación del expediente de licitación del Contrato de servicio de comedor escolar y de atención y cuidado de alumnado de centros docentes públicos de Educación Infantil y Primaria y centros de Educación Especial en la provincia de Zaragoza. La denuncia vino, entre otras razones, por la de no atender a los criterios cualitativos de orden medioambiental y/o social a los que viene obligado por normativa, y la “falta de equilibrio económico” en el diseño de lotes.

Desde 2016 hasta 2019, Mensa Cívica ha participado en la elaboración de los criterios de contratación pública verde en la Unión Europea, con un papel activo en el  Grupo de Trabajo Europeo de Criterios de Contratación Pública Verde sobre servicios de alimentación y catering. Durante estas reuniones, propuso específicamente el reconocimiento de los productos de montaña, de acuerdo con el reglamento 1151/2012, y la puesta en valor de pesca artesanal de litoral sostenible, como sistema que defiende los ecosistemas tradicionales marinos. También planteó la promoción del consumo de legumbres y leguminosas, como fuentes proteicas de origen vegetal en los menús, ya que contribuyen a minimizar el impacto ambiental, reduciendo la carga sobre el territorio de abonos químicos y recursos hídricos.

Formación del personal en materia medioambiental

También apoyaron el criterio de productos ecológicos y los productos de comercio justo y ético, así como con la inclusión de medidas y prácticas de gestión medioambiental. Tales como la formación del personal en materia medioambiental por tipo de empleado, función o experiencia en la empresa y la especial atención que se le ha dado al tema de productos químicos y fungibles, entre los que destacan los productos de limpieza (para el lavado de manos, lavaplatos y productos de limpieza de rutina), y que deben cumplir con los requerimientos marcados por la ecoetiqueta europea o  EcoLabel.

Mensa Cívica se opone al criterio que incluye los aceites de palma, palmiste y soja bajo la indicación de aceites y grasas medioambientalmente responsables, ya que sus cultivos tiene consecuencias negativas de gran alcance para el medio ambiente y la salud humana.  Denuncia el alto uso de plaguicidas, el riesgo de establecimiento de nuevas tierras de cultivo a expensas de las zonas forestales y de sabanas ricas en especies, la erosión del suelo y las condiciones de trabajo de los trabajadores y la comunidad que los rodea. De igual manera, en este criterio no se incluye la soja utilizada como alimento para el ganado debido a la falta de esquemas de certificación que van más allá de la línea hasta el producto final, lo que significa que no alcanzan el nivel de la carne o el producto lácteo.

“Este es un gran obstáculo para que los compradores públicos puedan verificar el criterio y reducir nuestra dependencia a las importaciones de fuentes proteicas de terceros países para la elaboración de piensos”, señala Paola Hernández.

“En cualquier caso, estamos bastante satisfechos de los resultados de los debates, los cuales se publicaron en este informe final y cuyo resumen se puede encontrar en nuestra página web. Ha sido un gran aprendizaje para crear redes con otras entidades de la sociedad civil europea, ya que hasta ahora muchas de las buenas prácticas que existían se encontraban dispersas. Pero esto es sólo el principio, ya que muchos mercados todavía necesitan desarrollarse más para adaptarse a los retos que la compra pública presenta”, subraya.

Las oportunidades del fondo Next Generation EU

Para Mensa Cívica, programas como el fondo Next Generation EU, presentan una gran oportunidad para impulsar la recuperación y reconstrucción de Europa después del COVID-19. “Estos fondos son el paquete de estímulo más grande jamás financiado a través del presupuesto de la UE por un total de 1.800 millones de euros y contribuirán a una Europa más verde, digital y resiliente. No obstante, pensamos que la gestión y adquisición de estos fondos debe ser realizada con diligencia y responsabilidad por los administradores públicos y debe estar sujeta a controles internos y externos excepcionales”, advierten desde la asociación.

En el caso de las aportaciones para digitalizar la cadena alimentaria, para esta asociación sería deseable que se contara con la opinión técnica de los sectores implicados, para que puedan aportar su experiencia y el uso de los fondos sea más eficaz y eficiente, sin que quede regulado sólo por la impronta política. En lo que respecta a la transformación digital en la compra pública, la mayoría de las empresas y organismos del sector público en la Unión Europea están sin duda preparados para el cambio en el área de la gestión, provisión y compra. Una de las grandes ventajas de hacer de esto es que las inversiones se amortizarán muy rápidamente a través de ahorros de costos, eficiencias de procesos y prevención y mitigación de riesgos, además de proporcionar una mayor transparencia en la cadena de suministro, evitando muchos de los problemas causados por el tipo de contratiempos y cuellos de botella que ocurrieron en el punto álgido de la pandemia.

No obstante, aún queda un largo camino por recorrer, sobre todo en el acto final del ciclo de compra, pues tanto las empresas como las administraciones todavía no han transformado digitalmente todo el proceso D2P, es decir, desde la demanda (qué debo comprar y cuándo) hasta el pago. “Estos fondos –subraya Paola Hernández-, plantean un buen momento para que las empresas europeas actúen en este sentido. Para ello, también es vital que las administraciones del sector público, las agencias y las empresas privadas recopilen información ahora, para estar listos para actuar cuando se activen los planes nacionales”.

El Banco Santander, entre los mayores donantes de la fundación que preside Aznar

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que preside José María Aznar, recibió 200.000 euros en donaciones en 2020 del Banco Santander, cantidad que representa   una quinta parte de las aportaciones privadas que ascienden a 975.476 euros. Así lo reflejan las cuentas 2020 del think tank conservador. Dicha donación va destinada a la realización de cursos y otras actividades que FAES no detalla.

La FAES de Aznar recibió también, aunque en menor cuantía, aportaciones de La Caixa, 37.500 euros; Google, 25.000 euros, y Abertis, 8.000 euros, para la realización de actividades que  tampoco explica en sus cuentas anuales. Aunque de algunos de sus donantes ya se empieza conocer la identidad, antes mantenida oculta, la fundación conservadora no revela a quién corresponden los restantes 704.976 euros recibidos de empresas privadas.

Donaciones a think tanks vinculados al PP y al PSOE 

Las donaciones del banco que preside Ana Patricia Botín y de otras grandes empresas del Ibex  a think tanks, vinculados al PP (FAES) y al PSOE (Fundación Alternativas), se contabilizan bajo el epígrafe ‘convenios de colaboración con otras entidades’. En este saco sin fondo se incluyen cursos, seminarios, investigaciones, estudios, promociones y eventos nacionales e internacionales. “El receptor, de alguna forma, se siente en deuda con el benefactor y quiere darle un mínimo reconocimiento”, señala el bufete Cuatrecasas al explicar porque las fundaciones utilizan el artículo 25 de la Ley de Mecenazgo Empresarial para este tipo de colaboraciones empresariales. 

El Banco Santander también riega con generosas donaciones a la Fundación Alternativas, vinculada al PSOE. En  2020 le entregó 100.000 euros, la mitad de lo aportado a la FAES, para la realización de seminarios y estudios. En la última década la Fundación Alternativas ha recibido un millón de euros sólo en aportaciones del Banco Santander.