La Asociación Mensa Cívica, que agrupa
a diversos actores de la cadena alimentaria, exige el cambio de los pliegos de
condiciones y sistemas de contratación de las entidades públicas y privadas que
promueven la alimentación
social. La lucha contra la corrupción y
la colusión en la contratación pública son de vital importancia para
esta asociación. Aunque no hay datos oficiales, las administraciones públicas
destinan entre 2.000 y 3.000 millones de euros a las compras alimentarias en España.
“En la mayor parte de concursos
públicos hay una escasa consideración de los criterios sociales y ambientales,
tales como la reducción de emisiones, la
producción ecológica, los circuitos cortos, la reducción de residuos,
etc. Esto hace muy difícil caminar hacia un modelo alimentario justo, saludable
y sostenible”, declara Paola Hernández Olivan, vicepresidenta de Mensa Cívica, organización
implicada en la restauración
colectiva.
Desde esta asociación entienden la compra pública no sólo como un mero procedimiento, si no como una herramienta para proteger el medioambiente, promover la salud de la ciudadanía, y favorecer el emprendimiento empresarial a nivel socio-económico en escuelas infantiles, colegios, universidades, hospitales, residencias, centros de día, prisiones, etc. “Estos sectores públicos son lugares ideales para facilitar el acceso a dietas saludables y sostenibles. Por ejemplo, a través de un mayor contenido de alimentos de proximidad, temporada y ecológicos, así como más alimentos de origen vegetal que animal y menos desperdicio de alimentos”, explica Paola Hernández.
Un euro gastado en comidas escolares genera seis euros para la comunidad local
La compra de alimentos tanto
sostenibles como saludables es rentable. Desde Mensa Cívica apuntan como experiencias
en otros países de Europa (Dinamarca, Eslovaquia, Francia, Italia,
República Checa) demuestran que se puede mantener el mismo presupuesto mediante
cambios de menú (y/o modificaciones de recetas), la planificación inteligente
del menú y adaptar las porciones a los diferentes grupos de edad. Al examinar
el rendimiento social de la inversión, como la de East Ayrshire en Escocia, esta
asociación concluye que un euro gastado en comidas escolares sostenibles puede
generar hasta seis euros para la comunidad local a través del empleo, el medio
ambiente y la salud.
“Los principales problemas los
vemos a través de los concursos públicos (y los pliegos de prescripciones
técnicas y criterios de adjudicación) a los que se presentan diversas empresas
o proyectos y, tras una valoración técnica, la administración selecciona una de
ellas con la que se firma un contrato público”, subraya la vicepresidenta de
esta asociación. Estos problemas han promovido un proceso de transformación de
la restauración colectiva que, según Mensa
Cívica, se ha caracterizado por la entrada en el mercado de grandes empresas
debido a que el tamaño de lotes solicitado es demasiado grande y esto hace que
las pequeñas y medianas empresas no sean efectivas y competitivas a nivel de
mercado.
Como en el resto de sectores de
la alimentación, el sector de la restauración colectiva y social ha
experimentado un rápido proceso de concentración empresarial y actualmente un
muy reducido número de empresas controlan el sector.
La adjudicación de contratos a
empresas que ofrecen el precio más bajo es todavía una práctica habitual en
este sector, denuncia Paola Hernández. Considera que seleccionar a los
proveedores del servicio sobre la base
del criterio único del precio, favorece la economía de escala de grandes
empresas y provoca efectos perjudiciales en todos los niveles. Se genera un
incremento en la competitividad entre las empresas de restauración colectiva que
las induce a racionalizar sus costes lo máximo posible. Esta racionalización
resulta a veces en detrimento de la calidad de las comidas y de los servicios
suministrados, y tiene efectos adversos en los empleos y las condiciones laborales
de los trabajadores del sector.
Con la normativa europea de 2014
y la Ley 9/2017, existen ya algunos ejemplos a nivel local y autonómico sobre
la necesidad de fomentar el papel social de la contratación pública como motor
de crecimiento más justo y, por ello, los contratos pasan a adjudicarse “utilizando
una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor
relación calidad-precio y utilizando el análisis
del ciclo de vida de los productos y servicios”. Pero salvo en contadas
ocasiones, en España no se ha explorado el carácter ejemplarizante que pueden
adoptar los poderes públicos para impulsar mejoras en el sistema productivo
incorporando criterios sociales y ambientales en la contratación. Desde esta
asociación todavía esperan una mayor voluntad política para ver cómo las
administraciones van aplicando estas medidas.
Mensa Cívica realiza un control
de los contratos en los que tienen socios. De hecho, en
2019 denunció ante el TACPA (Tribunal Administrativo de Contratos
Públicos de Aragón) prácticas que consideró cuanto menos opacas, en la
tramitación del expediente de licitación del Contrato de servicio de comedor
escolar y de atención y cuidado de alumnado de centros docentes públicos de
Educación Infantil y Primaria y centros de Educación Especial en la provincia
de Zaragoza. La denuncia vino, entre otras razones, por la de no atender a los
criterios cualitativos de orden medioambiental y/o social a los que viene
obligado por normativa, y la “falta de equilibrio económico” en el diseño de
lotes.
Desde 2016 hasta 2019, Mensa
Cívica ha participado en la elaboración de los criterios de contratación
pública verde en la Unión Europea, con un papel activo en el Grupo de Trabajo Europeo de Criterios de Contratación Pública Verde sobre servicios de alimentación y catering. Durante
estas reuniones, propuso específicamente el reconocimiento de los productos de montaña, de acuerdo con
el reglamento 1151/2012, y la puesta en valor de pesca artesanal de litoral
sostenible, como sistema que defiende los ecosistemas tradicionales marinos.
También planteó la promoción del consumo de legumbres y leguminosas, como
fuentes proteicas de origen vegetal en los menús, ya que contribuyen a
minimizar el impacto ambiental, reduciendo la carga sobre el territorio de abonos
químicos y recursos hídricos.
Formación del personal en materia medioambiental
También apoyaron el criterio de
productos ecológicos y los productos de comercio justo y ético, así como con la
inclusión de medidas y prácticas de gestión medioambiental. Tales como la
formación del personal en materia medioambiental por tipo de empleado, función
o experiencia en la empresa y la especial atención que se le ha dado al tema de
productos químicos y fungibles, entre los que destacan los productos de limpieza
(para el lavado de manos, lavaplatos y productos de limpieza de rutina), y que
deben cumplir con los requerimientos marcados por la ecoetiqueta europea o EcoLabel.
Mensa Cívica se opone al criterio
que incluye los aceites de palma, palmiste y soja bajo la indicación de aceites
y grasas medioambientalmente responsables, ya que sus cultivos tiene
consecuencias negativas de gran alcance para el medio ambiente y la salud
humana. Denuncia el alto uso de
plaguicidas, el riesgo de establecimiento de nuevas tierras de cultivo a
expensas de las zonas forestales y de sabanas ricas en especies, la erosión del
suelo y las condiciones de trabajo de los trabajadores y la comunidad que los
rodea. De igual manera, en este criterio no se incluye la soja utilizada como
alimento para el ganado debido a la falta de esquemas de certificación que van
más allá de la línea hasta el producto final, lo que significa que no alcanzan
el nivel de la carne o el producto lácteo.
“Este es un gran obstáculo para
que los compradores públicos puedan verificar el criterio y reducir nuestra
dependencia a las importaciones de fuentes proteicas de terceros países para la
elaboración de piensos”, señala Paola Hernández.
“En cualquier caso, estamos
bastante satisfechos de los resultados de los debates, los cuales se publicaron
en este
informe final y cuyo resumen se puede encontrar en nuestra
página web. Ha sido un gran aprendizaje para crear redes con otras
entidades de la sociedad civil europea, ya que hasta ahora muchas de las buenas
prácticas que existían se encontraban dispersas. Pero esto es sólo el
principio, ya que muchos mercados todavía necesitan desarrollarse más para
adaptarse a los retos que la compra pública presenta”, subraya.
Las oportunidades del fondo Next Generation EU
Para Mensa Cívica, programas como
el fondo Next Generation EU, presentan una gran oportunidad para impulsar la
recuperación y reconstrucción de Europa después del COVID-19. “Estos fondos son
el paquete de estímulo más grande jamás financiado a través del presupuesto de
la UE por un total de 1.800 millones de euros y contribuirán a una Europa más
verde, digital y resiliente. No obstante, pensamos que la gestión y adquisición
de estos fondos debe ser realizada con diligencia y responsabilidad por los
administradores públicos y debe estar sujeta a controles internos y externos
excepcionales”, advierten desde la asociación.
En el caso de las aportaciones
para digitalizar la cadena alimentaria, para esta asociación sería deseable que
se contara con la opinión técnica de los sectores implicados, para que puedan
aportar su experiencia y el uso de los fondos sea más eficaz y eficiente, sin
que quede regulado sólo por la impronta política. En lo que respecta a la
transformación digital en la compra pública, la mayoría de las empresas y
organismos del sector público en la Unión Europea están sin duda preparados
para el cambio en el área de la gestión, provisión y compra. Una de las grandes
ventajas de hacer de esto es que las inversiones se amortizarán muy rápidamente
a través de ahorros de costos, eficiencias de procesos y prevención y
mitigación de riesgos, además de proporcionar una mayor transparencia en la
cadena de suministro, evitando muchos de los problemas causados por el tipo de
contratiempos y cuellos de botella que ocurrieron en el punto álgido de la
pandemia.
No obstante, aún queda un largo
camino por recorrer, sobre todo en el acto final del ciclo de compra, pues
tanto las empresas como las administraciones todavía no han transformado
digitalmente todo el proceso D2P, es decir, desde la demanda (qué debo comprar
y cuándo) hasta el pago. “Estos fondos –subraya Paola Hernández-, plantean un
buen momento para que las empresas europeas actúen en este sentido. Para ello,
también es vital que las administraciones del sector público, las agencias y
las empresas privadas recopilen información ahora, para estar listos para
actuar cuando se activen los planes nacionales”.
