El COVID-19 ha sacado a la luz las graves carencias en las residencias de ancianos que se han saldado con miles de muertos. Para poner remedio a esta grave situación, una coalición de 95 inversores, principalmente fondos de pensiones, con activos valorados en 3,34 billones de dólares, lanza una iniciativa para mejorar las condiciones laborales y la calidad de la atención.
En una declaración
conjunta los inversores afirman que los problemas deben abordarse
mediante la dotación de personal adecuado, niveles, negociación colectiva
ampliada y representación sindical, mejora de la salud y seguridad, salarios
dignos y mejora de la calidad de la atención. “A medida que el sector se
recupera y reflexionamos sobre el daño a nuestras sociedades y la pérdida de
vidas humanas durante la pandemia, debemos aprovechar este momento para
asegurar que la industria cambie para mejor y desarrolle un modelo más humano y
resistente”, señalan.
Este modelo que se quiere
implantar alinearía a las empresas de cuidados a largo plazo con los Principios
Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, además de
mitigar los riesgos legales, reputacionales y operativos de sus empresas
participadas en el sector de las residencias de ancianos. “La
pandemia ha puesto de manifiesto lo precarias que han sido muchas residencias
de ancianos para los trabajadores y residentes. Esta nueva coalición
desempeñará un papel vital al poner la responsabilidad social y la vida humana,
no las ganancias a corto plazo, en el centro de la atención”, señala Christy
Hoffman, secretaria general de UNI Global Unión, que coordina esta
iniciativa.
Los firmantes de la declaración establecen
un vínculo directo entre las condiciones de trabajo y la calidad de la atención
a los residentes. Los residentes ancianos representaron el 41%
de todas las muertes relacionadas con COVID-19 durante la pandemia, y
cientos de miles de trabajadores también se han infectado y, en muchos casos,
han fallecido.
