Estos 16 países, liderados por
Estados Unidos que es el impulsor de la iniciativa, se asocian para
contrarrestar el uso indebido de software espía comercial y se comprometen a trabajar
dentro de sus respectivos sistemas para establecer barreras y procedimientos
sólidos para garantizar que cualquier uso comercial de software espía por parte
de los gobiernos sea consistente con el respeto de los derechos humanos
universales, el estado de derecho y los derechos y libertades civiles. También
acuerdan impedir la exportación de software, tecnología y equipos a usuarios
finales que probablemente los utilicen para actividades cibernéticas
maliciosas, incluida la intrusión no autorizada en sistemas de información.
Con
esta declaración confían en trabajar colectivamente por primera vez para
desalentar el uso indebido de software espía comercial y alentar el desarrollo
y la implementación de principios de uso responsable que sean consistentes con
el respeto de los derechos humanos universales, el estado de derecho, y
derechos y libertades civiles.
Los gobiernos de Estados
Unidos, Australia, Canadá, Costa Rica, Dinamarca, Francia, Nueva Zelanda,
Noruega, Suecia, Suiza, y el Reino Unido fueron los primeros en reconocer la
amenaza que plantea el uso indebido de software espía comercial y la necesidad
de estrictas medidas internas y controles internacionales sobre la
proliferación y el uso de dicha tecnología. A estos países se sumaron
recientemente Finlandia, Alemania, Irlanda, Japón, Polonia y la República de
Corea.
