Los grupos antiextractivistas se han dado cuenta de que la transición energética verde requiere la extracción de minerales críticos. La ironía es evidente: quienes se oponen a los proyectos mineros en Europa lo hacen en nombre de la protección del medio ambiente. Sin embargo, sus acciones socavan inadvertidamente la misma transición climática que pretenden apoyar. Esta es la conclusión de un grupo de investigadores del Instituto de Metales y Minerales Sostenibles de la universidad Ku Leuven de Bélgica, con experiencia en minería, autores de La paradoja de los minerales críticos de Europa en el orden mundial posoccidental.
Lo que no parecen comprender
es que incluso en una sociedad poscapitalista y posconsumista puramente
hipotética, seguiría existiendo una necesidad sustancial de extraer
"nuevos" minerales y metales críticos, como el litio y las tierras
raras, para permitir la energía verde (pública y compartida) y la movilidad.
Sin minerales críticos no hay tecnologías limpias, y sin tecnologías limpias no
hay transición climática, concluyen
estos investigadores.
La Ley de Materias Primas Críticas de la
Comisión Europea y el proceso simplificado de permisos para Proyectos
Estratégicos –siete en España, anunciados por la Comisión Europea- han
intensificado aún más la resistencia a los proyectos mineros y al
extractivismo. Esto se aplica en particular a los proyectos de litio en zonas
tradicionalmente agrícolas y de conservación natural, como el valle de Jadar en
Serbia y la región de Mina do Barroso en Portugal.
La polarización política en torno al cambio
climático agrava el problema. La extrema derecha niega el cambio climático y se
opone rotundamente a la transición a las energías verdes. Paradójicamente, y
sin darse cuenta, ahora encuentra puntos en común con los ambientalistas
radicales. Esto está dando lugar a alianzas antimineras antinaturales que unen
a grupos radicales verdes y de extrema izquierda con movimientos nacionalistas,
de extrema derecha, antiliberales y antieuropeos, denuncian los investigadores.
Esto es particularmente evidente en la oposición unida al proyecto de mina
subterránea de litio de Rio Tinto en Serbia, donde la teoría de la herradura
parece cobrar vida.
Las paradojas de la
transición energética verde subrayan la necesidad de un debate social inclusivo
y participativo sobre el desarrollo de las comunidades ubicadas en zonas donde
se encuentran los minerales necesarios para la transición energética. Es
fundamental colaborar con todas las partes interesadas, buscando mejores
contratos sociales y modelos económicos que catalicen los beneficios de la
minería y generen prosperidad local y regional duradera, en lugar de recurrir a
una oposición abierta a la minería.
Hay que tener en cuenta que esta continúa
oposición a nuevos proyectos mineros en Europa, en particular a las minas de
litio, no solo obstaculiza la transición climática europea; es un error
estratégico que beneficia directamente a los adversarios geopolíticos de
Europa. Sin duda, la Rusia de Putin y la China de Xi observan con asombro cómo
Europa tropieza con sus propios pies. Mientras debatimos y postergamos, China
consolida aún más su control sobre las cadenas de suministro globales que van
desde la minería hasta las tecnologías limpias, mientras que el expansionismo
de Putin tiene poco interés en apoyar la transición energética, dado el interés
de Rusia en prolongar la era de los combustibles fósiles.
Debemos reconocer que las prácticas mineras
responsables y la gestión ambiental pueden coexistir e incluso impulsar el
desarrollo local. Al invertir en la minería y el refinado respetuosos con los
criterios ESG de nuestros propios minerales críticos, junto con la gestión de
la demanda, iniciativas de reciclaje y acuerdos sobre minerales críticos con
países afines, podemos reducir nuestra dependencia de naciones adversarias y
dar un paso decisivo hacia un futuro sostenible y seguro.
Malas prácticas ambientales en proyectos españoles
Amigas de la Tierra,Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife denuncian que en los siete proyectos seleccionados por la Comisión Europea de España se hayan escogido minas con un amplio historial de irregularidades y malas prácticas ambientales, como son las
de Las Cruces (Sevilla), La Parrilla (Cáceres) y Aguablanca (Badajoz), y
proyectos con amplia contestación social por sus previsibles impactos en
espacios protegidos como los de Las Navas (Cáceres), Doade (Ourense) y El Moto
(Ciudad Real). Recuerdan que la mina de La Parrilla fue sancionada y cerrada en
2022 por carecer de autorización ambiental y por construir ilegalmente balsas
de residuos mineros, mientras que la Mina de Las Cruces acumula más de 6.5
millones de euros en sanciones e indemnizaciones por extracciones ilegales de
aguas del acuífero de Gerena y Guillena-Cantillana, masas de agua consideradas
como reserva estratégica de emergencia para el consumo humano de Sevilla en
caso de escasez. En el caso de la mina de Aguablanca, Denarius está liderada
por empresarios con un amplio historial de vulneraciones de derechos humanos en
sus explotaciones de oro y petróleo en Colombia.
España, el país que ha presentado más proyectos de extracción
Resulta asimismo preocupante que de los siete proyectos seleccionados, sólo uno sea de reciclaje de minerales y ninguno de
substitución. De hecho, España ha sido el país europeo en el que se han
presentado más proyectos de extracción (diez), contrastando con países como
Italia, Francia o Alemania, en los que la mayoría de los proyectos presentados
han sido de substitución, reciclaje o procesado. Esto confirma el papel de
“zona de sacrificio” atribuido a la península ibérica. “Europa y España están
apostando por la minería sin antes fomentar realmente el reciclaje ni reducir
la demanda de minerales” ha lamentado Adriana Espinosa, responsable de recursos
naturales de Amigas de la Tierra. “Hemos calculado que aplicando medidas de
ahorro y circularidad, los metales reciclados podrían
cubrir el 67% de la demanda de minerales hasta 2050”, concluye.
También señalan Amigas de la Tierra,
Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife la opacidad del Gobierno de España y la
Comisión Europea durante el proceso de selección, así como la exclusión de las
poblaciones potencialmente afectadas. Esta falta de transparencia arroja
incertidumbre sobre los criterios aplicados para otorgar a determinados
proyectos una calificación que les otorgará privilegios económicos y
administrativos, tales como la tramitación acelerada de concesión de
autorizaciones. Para las organizaciones, esta falta de transparencia supone una
vulneración del Convenio de Aarhus sobre información, participación y justicia
ambiental, del que España es parte.
En diciembre pasado, Amigas
de la Tierra, Ecologistas en Acción, el Observatorio Ibérico de la Minería y
otras entidades europeas pusieron
en conocimiento del Gobierno español y la Comisión Europea un
análisis de estos impactos, que son inherentes a la actividad
extractiva. “A pesar de las advertencias reiteradas, se ha atribuido la consideración
de estratégicos a proyectos cuyos impactos previos y potenciales son evidentes,
e incluso han sido objeto de sanciones y procesos judiciales”, explica
Cristóbal López, responsable del área de minería de Ecologistas en Acción. Las
organizaciones lamentan además que el Gobierno no haya utilizado su capacidad
de veto para excluir proyectos que nunca tendrían que haber estado sobre la
mesa con esos antecedentes.
