miércoles, 26 de enero de 2022

El presupuesto de la independentista Asamblea Nacional Catalana supera en un 22% a la constitucionalista Sociedad Civil Catalana

 

   Mientras la independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC) cuenta con un presupuesto anual cercano a los 7 millones de euros (2,3 millones proceden de los cotizantes), la constitucionalista Sociedad Civil Catalana (SCC) reconoce un presupuesto anual de 310.000 euros, de los cuales 130.000 euros son aportados por la Fundació Joan Boscà.

   El fin último de Asamblea Nacional Catalana es promover las condiciones sociales y políticas necesarias para la consecución de un Estado catalán independiente, de derecho, social y democrático. Para lograrlo trata de reunir a todas las personas, grupos, movimientos sociales, y partidos políticos que trabajan por fines similares.


    Entre los objetivos de Sociedad Civil Catalana está la promoción del Estado de Derecho, los valores constitucionales y el bilingüismo en Cataluña con el objetivo de fomentar la cohesión y la convivencia entre los ciudadanos catalanes y con el resto de España. La Fundació Joan Boscà, su principal sostén financiero, la preside el empresario Joaquín Güell. De su patronato forman parte, entre otros, los financieros José María de Areilza y Claudio Boada; Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio Americana en España; la empresaria Mónica Oriol y Félix Revuelta, fundador y presidente de Naturhouse.

Posturas enfrentadas en Bruselas

   El máximo representante de Justicia de la Comisión Europea, el comisario Didier Reynders, se reunió a finales del pasado año con representantes de Sociedad Civil Catalana para tratar sobre la situación política en Cataluña, así como sobre el sistema de inmersión en lengua catalana.

   La presidenta de Asamblea, Elisenda Paluzie, ha dirigido una carta al Comisario solicitando un encuentro para ofrecer el punto de vista del movimiento pacífico y democrático catalán por la autodeterminación y la independencia, relatar las acciones represivas de las autoridades españolas contra activistas y representantes electos catalanes, y proporcionar información fáctica sobre los beneficios del sistema de inmersión lingüística en catalán en la educación, según fuentes de la organización independentista.

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