La abolición de las normas de protección de plaguicidas es ilegal, según un dictamen jurídico

 La abolición prevista por la Comisión Europea de las normas de protección de plaguicidas es ilegal. Así lo demuestra un dictamen jurídico en el que se advierte que los planes de la Comisión Europea reducirían significativamente el nivel de protección en materia de salud y medio ambiente. Además, existen serias dudas sobre su compatibilidad con el principio de precaución y el alto nivel de protección de la salud y el medio ambiente que garantiza la legislación europea.

Piden a los eurodiputados que rechacen la propuesta

  Las organizaciones que encargaron el dictamen instan a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a detener los planes y a garantizar una mejor protección de los agricultores, los ciudadanos y la naturaleza contra los efectos de los plaguicidas peligrosos. Las asociaciones también piden a todos los eurodiputados y a los Estados miembros que rechacen rotundamente la propuesta en el Parlamento Europeo y en la reunión del Consejo Europeo del 2 de febrero.

  Con el paquete legislativo denominado "Simplificación Ómnibus de la Seguridad de Alimentos y Piensos", la Comisión Europea propone abolir las actuales evaluaciones periódicas obligatorias de riesgos para los ingredientes activos de los plaguicidas. De esta forma, la mayoría de las toxinas agrícolas se aprobarán indefinidamente. Incluso si nuevos estudios demuestran riesgos de cáncer o contaminación de las aguas subterráneas, por ejemplo, las autorizaciones de plaguicidas solo se revisarían si la Comisión decide iniciar una reevaluación, lo que podría tardar muchos años. Además, la Comisión quiere ampliar los plazos durante los cuales una sustancia que haya demostrado ser perjudicial para la salud o la naturaleza puede seguir utilizándose incluso después de su prohibición.

No se aplica el principio de precaución

  Según el dictamen pericial, los cambios previstos también contradicen claramente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En su histórica sentencia Blaise de 2019, el Tribunal aclaró que, al promulgar normativas sobre la comercialización de plaguicidas, el legislador de la UE debe aplicar el principio de precaución y garantizar un alto nivel de protección de la salud. Esto incluye, en particular, la obligación de tener en cuenta los últimos hallazgos científicos.

   El dictamen jurídico también critica a la Comisión por impulsar la legislación propuesta mediante un procedimiento acelerado, sin la evaluación de impacto obligatoria ni las habituales oportunidades democráticas de participación pública de expertos, organizaciones y asociaciones mediante una consulta pública. Según el informe, la Comisión ha ignorado las críticas, a pesar de que cabe esperar importantes impactos ambientales y sanitarios .