Ofensiva judicial contra Alfonso de Borbón y Víctor Vargas

   Un equipo internacional de abogados especializados prepara nuevas acciones judiciales contra Víctor Vargas y Luis Alfonso de Borbón para recuperar los más de 1.000 millones de dólares sustraídos a ahorradores del Grupo BOD. 

   El bufete ANAUCO, que representa a una parte de los perjudicados, ha iniciado formalmente las acciones legales internacionales dirigidas a la recuperación de los depósitos de sus representados afectados por el bloqueo del dinero que legítimamente les pertenece.

Estas acciones se centran  en las filiales del Grupo BOD: Banco del Orinoco N.V. (Curazao), BOI Bank Corporation (Antigua y Barbuda) y AllBank Corp (Panamá). El empresario español, Luis Alfonso de Borbón, yerno de Víctor Vargas, fundador del Grupo BOD, es uno de los directivos en el punto de mira judicial al haber sido consejero en alguna de estas entidades.

Alerta sobre propuestas extrajudiciales engañosas

   Las acciones judiciales que se pondrán en marcha están siendo estructuradas como una estrategia coordinada en múltiples jurisdicciones y serán lideradas por un equipo internacional de abogados especializados, cuya presentación formal se realizará en los próximos días. Este importante paso ha sido posible gracias al respaldo de quienes han realizado el aporte de expensas procesales que ANAUCO ha solicitado reiteradamente, los cuales como impulsores de estas acciones serán amparados primordialmente por las resultas que procuramos.

  Este bufete alerta sobre propuestas extrajudiciales que algunos representados han recibido directamente de las instituciones bancarias involucradas. “Ninguna de ellas, hasta ahora, cumple con los mínimos requisitos de seguridad jurídica, presentan plazos dilatados, condiciones desventajosas y se apartan de la protección judicial vigente”, señalan desde ANAUCO. El bufete precisa que estará dispuesto a evaluar cualquier acuerdo razonable y garantizado que surja dentro del marco legal. “No obstante, rechazamos firmemente cualquier intento de que los afectados renuncien a sus derechos o acepten condiciones lesivas sin la debida orientación legal”.